domingo, 29 de abril de 2012

Los temores del consejero Sotoca por una alarma social

Sorprende que los temas de la enseñanza que comentan nuestras autoridades son solo de cosas, dineros y no de valores (disciplina, respeto, constancia, trabajo, conocimiento, justicia, ética, etc.), que a su vez den ejemplo.

No expresa estas preocupaciones el presidente del SEF (Servicio de Empleo y Formación de Murcia) para exigir por ejemplo que la actuación pública garantice al ciudadano que la Administración no actúe de modo arbitrario y siga un procedimiento de acuerdo con la ley, conocible y que no genere indefensiones como las sufridas estos últimos años en Murcia.

En la instrucción de un procedimiento es necesario el conocimiento y comprobación de los datos en base a los que se pronuncie su resolución, En esta fase, “aún cuando el interesado no aporte elementos de conocimiento necesarios” para el debido conocimiento del expediente, debe la Administración procurárselos de oficio... 

Los resultados de encuestas de opinión, hechas por profesionales, que se incorporan a la instrucción de un procedimiento, deben reunir las garantías legales establecidas, así como poseer una identificación técnica del procedimiento seguido para la obtención de resultados. Es extraño al sistema buscar chismes que perjudiquen a alguien, y valorar tales opiniones sin criterios objetivos ni conocimientos, haciendo todo claramente manipulable.

No se han puesto en marcha medios para que no se contribuya a la alarma social, cuando profesores, centros y alumnos han solicitado audiencias, han enviado escritos, por las irregularidades que comete el SEF. No se les ha atendido y parece como si no se hubieran leído estos escritos y denuncias.

La ley obliga siempre a dictar “resoluciones” de todos los procedimientos y a notificarlas cualquiera que sea su iniciación. Han de ser razonadas, y consistirán en la declaración de las circunstancias que concurran en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Lo que se podrá recurrir formulando alegaciones en trámite de audiencia, o aportando documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a este trámite. Documentos que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la resolución. Y todo ha de hacerse con el debido principio de eficia y celeridad. 

Los ciudadanos tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, obtener copias de documentos contenidos en ellos, e identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramitan.

¿Ocurre esto en su departamento?, ¿se resuelve y razona?, ¿se da trámite de audiencia?, ¿reconoce la demora media en la resolución de expedientes del SEF en estos últimos años?, ¿conoce los daños que nos causa estas situaciones?, ¿sabría decirnos cuántas veces y durante cuantos años se nos han negado acceso y copia de expedientes?, ¿podría enseñarnos su contestación al Defensor del Pueblo ante nuestra denuncia?, ¿quién dice la verdad?

Tenemos derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitar el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de obligaciones. Cosa que evidentemente Ginés Martínez, el director general del SEF, debería haber vigilado que se cumpliese, atendiendo nuestras denuncias, ofreciendo disculpas si son de justicia, arreglando mal entendidos, lo que no ha hecho porque se ha presentado como el gran protector de todos estos desvaríos que hoy denunciamos al SEF de esta región de Murcia. ¿Le quedará algo importante por no cumplir de la Ley 30/92 a este director general, con -o sin- conocimiento de su consejero?

Tenemos derecho a exigir las responsabilidades de las administraciones y de su personal, cuando así corresponda legalmente. Evidentemente Ginés Martínez, director general del SEF, debería haberlo hecho, en vez de la sobreprotección del personal bajo sus órdenes, que claramente “o ha sido inmoral” o “ha demostrado unos grandísimos niveles de incompetencia”. ¿Disfrutaban de alguna prebenda en este status quo? ¿Por qué?
 
Esto a nosotros sí nos preocupa, pues no debe de olvidarse que se ha denunciado repetidamente, verbalmente y por escrito, desde esta maltratada asociación (AREDEP). Han  ocurrido graves irregularidades en el SEF de la Región de Murcia, encargada de poner en marcha uno de los sistemas de formación más injustos e inmorales de nuestra reciente historia de la formación. Percibiendo encima nosotros, los denunciantes, múltiples e ilegales, castigos de su director general: eliminándonos cursos, intentando eliminar derechos de dar clase, valorando sin criterios objetivos nuestras actuaciones, etc….

La salida es el sistema judicial. Pero si necesitamos constantemente los sistemas judiciales para resolver el día a día de la escuela, de la empresa, la academia, del negocio; no se estudia, ni trabaja, ni se hace empresa, ni negocio. Cuando un político nos ofrece esta vía, es porque se protege ante el muro del estado, sin problemas -hasta ahora- con el tiempo o el dinero, cuando no la injusta sanción.

Otro lugar de denuncia lo constituyen los medios de comunicación, pero a menudo estos “comunican” lo que “interesa” y no informan de la realidad, de lo que hay. Se consigue publicitando simplemente ciertas campañas, o subvencionando trabajos, cursos, jornadas que no interesan a nadie pero justifican legalmente trasiego de dinero hacia quienes interesa. Ya lo decía Azorín a Pío Baroja, Maeztu y Unamuno: “Si no tienes los medios, es como orinar en la pared del Banco de España”. 

Cicerón, sabía la receta: "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos (añadiría yo también la de los políticos que hablan con la O en los labios y tienen vacía la mente y el corazón) debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado".

En esta asociación hay mucho que mandar reparar por el mal hacer del SEF, hay mucho por lo que pedir disculpas consejero: “noblesse oblige” y…. la justicia también. No se ha de esperar a más alarma social, ni a los resultados de las manifestaciones que se celebrarán en toda España contra los abusos de las cúpulas sindicales de UGT y CC OO, patronales y gobiernos de turno que han confeccionado “desde el poder y para sí”, sin distinción de color, en estos años de democracia, un inmoral “mil millonario” monopolio de la formación”.

Los cursos subvencionados para desempleados son gratis, pero si los haces solo donde te dicen que te lo subvencionan (hay de ti no estés en sus lista, por muy bueno que sea tu centro de formación y tu plantilla). El sistema está dentro de un paraguas propiedad del SEF (del gobierno de turno) por una parte y de la otra de la CEOE, CEPYME, UGT, CC OO, sistema que carece de los más básicos criterios objetivos de valoración fiable, e incluso de un sistema jurídico que, con un funcionamiento mínimamente moral, nos ampare razonablemente. 
 
Con los cursos para trabajadores de la Tripartita (Gobierno, sindicatos más representativos y patronal), a los centros privados nos han dado las migajas, ocupando una parte del negocio que debería estar en la libre competencia sin intervención de los políticos. Y cuando nos subcontratan, haciendo nosotros el trabajo, nos pagan del orden del 30%, el resto es “por dejarte pasar”. 

Los cursos del antiguo INEM, es el SEF quien lleva la batuta, con sus amigos de siempre, el mismo paraguas, como aquí nos quejamos. Si nuestros políticos hacen lo mismo en otro sector de nuestra vida... sería un granpeligro para nuestras libertades.

Mientras, el presidente autonómico no nos recibe, no atiende nuestros escritos. Será que el tema no es lo suficientemente importante, o está resuelto. Lo que nos fuerza a ir fuera de la región, hoy con nuestros escritos; mañana quizás con nuestras familias en defensa de nuestro trabajo: una enseñanza privada, digna, libre e independiente.

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